Coincidiendo con la representación del Principado de Asturias por parte de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo de la Unión Europea, el último semestre de 2017, se tuvo la oportunidad de participar en Bruselas en diferentes actos y reuniones en relación a las políticas de discapacidad. La conclusión más importante puede ser la unanimidad de todas las instituciones europeas y de los representantes de la sociedad civil en que los derechos de cualquier ciudadano/a de la Unión son los mismos y que la guía para lograrlos en personas con diversidad funcional es la Convención de las Naciones Unidas de Derechos de Personas con Discapacidad
El acto político más significativo tuvo lugar el 7 de diciembre, en Bruselas, donde la Consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela apoyó, en nombre de todas las Comunidades Autónomas, junto a los 28 ministros/as de Empleo y Asuntos Sociales de todos los Estados Miembros de la Unión Europea, unas conclusiones del Consejo a favor de fortalecer los apoyos basados en la comunidad para la vida Independiente. El texto recoge las principales demandas del congreso celebrado en Tallin el pasado otoño durante la presidencia de Estonia de la Unión Europea y busca orientar las políticas sociales con el objetivo de avanzar en la inclusión social. No es la única institución europea que marca que el camino a seguir para la plena inclusión de las personas con discapacidad ha de ir por esa vía. La Estrategia Europea de Discapacidad (2010-2020) de la Comisión Europea persigue asimismo una Europa sin barreras para las personas con discapacidad y el Parlamento Europeo se ha manifestado repetidamente en este sentido, como el pasado 6 de diciembre en el “IV Parlamento Europeo de Personas con Discapacidad”.
La base de estas orientaciones políticas es la aprobación por 27 de los 28 Estados Miembros y por la Unión Europea como institución de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006; ratificada en España en 2008). El artículo 4 de la Convención, insta a los países a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y programas para asegurar los derechos reconocidos en la misma. Entre ellos, en su art. 19, se cita el derecho a “vivir de forma independiente y a ser incluido en la Comunidad”.
Las conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo (EPSCO), comienzan señalando que es objetivo de la Unión Europea la protección de toda su ciudadanía, tal y como está recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; por tanto, es deber de las instituciones europeas y de todos los Estados Miembros respetar los derechos personales, cívicos, políticos, económicos y sociales de las mismas. Por ello, se recuerda el objetivo común de que todas los pueblos y personas que la conforman tomen parte activa en la vida social y económica “apoyando a las personas que enfrentan desafíos, dificultades y desventajas particulares para que tengan la oportunidad de disfrutar y beneficiarse de un apoyo basado en sus necesidades que les motive a participar en la vida activa y en el mercado laboral”.
Existe una preocupación porque la construcción de Europa esté dejando atrás a las personas más vulnerables. Especialmente tras la crisis económica, los objetivos de la Estrategia 2020 pueden verse comprometidos. Por ello, en abril de 2016 el presidente Junker propuso unas orientaciones comunes en toda la Unión Europea en el marco de la política social: el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Tras más de un año de debates, dicho documento fue firmado en la Cumbre Social de Gotemburgo del pasado 17 de noviembre de 2017 por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo. El Pilar Social como también se le conoce, recoge 20 principios de actuación que pretenden vertebrar las políticas sociales de la Unión Europea. Para que sean efectivos deberán consolidarse en directivas u otras iniciativas de carácter legislativo y en medidas concretas de financiación. Se estructura en torno a tres ejes: (a) igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral, (b) condiciones de trabajo justas y (c) protección social adecuada y sostenible. El documento hace una mención específica a la inclusión de las personas con discapacidad en su punto 17, señalando que “tienen derecho a una ayuda a la renta que garantice una vida digna, a servicios que les permitan participar en el mercado laboral y en la sociedad y a un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades”. A continuación, en el punto 18 señala que “toda persona tiene derecho a cuidados de larga duración asequibles y de buena calidad, en particular de asistencia a domicilio y servicios comunitarios.” Sobre estos dos puntos se sostiene las políticas de fortalecimiento de los apoyos comunitarios, la prevención de la institucionalización, y la desinstitucionalización.
Así, las conclusiones del Consejo, señalan: “la elección del entorno de cuidado debe ser una decisión autónoma del individuo que debe ser respetada. Se necesita un cambio de mentalidad para garantizar un reconocimiento más amplio de que todos/as tienen derecho a vivir de forma independiente dentro de su comunidad, a participar activamente en la sociedad y a tomar parte en las decisiones sobre sus vidas” (punto 8, conclusiones del Consejo). No se está hablando solo de personas con discapacidad, sino también de mayores y menores, personas con problemas de salud mental, refugiados/as, y en general, de toda la población. El Consejo reconoce la existencia de personas que prefieren vivir en un entorno institucional, pero también que en estos casos es preciso que las instituciones residenciales apoyen su autonomía y se ofrezca “atención personalizada de alta calidad” en particular para las personas dependientes. Cuando la persona elija vivir en la comunidad, se deberá desarrollar una “estrategia clara y una fuerte inversión para desarrollar servicios modernos de alta calidad basados en la comunidad y para aumentar el apoyo a los cuidadores”. La financiación se espera que llegue a través del Fondo Social Europeo (fondos EASI, FEAD, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondos de Desarrollo Regional) que está trazando ya sus líneas para el período 2020-2030 sobre estas directrices.
Esta misma llamada a la innovación y el desarrollo de programas desde el ámbito más cercano a la ciudadanía, lo recoge el reciente dictamen del Comité de las Regiones sobre “Desinstitucionalización de los sistemas de asistencia a escala local y regional” (aprobado en el 126º pleno, 30 de noviembre -1 de diciembre 2017). Recalca este documento que se busca luchar contra los estereotipos y los prejuicios, no solo clausular las grandes instituciones. Para ello sugiere que las autoridades locales, entre ellas, las Comunidades Autónomas, se basen en las guías editadas por la Unión Europea para la transición de una asistencia institucional a una asistencia de proximidad que facilite la vida independiente de las personas.
Existe un amplio consenso en todos los documentos citados, así como en los foros de debates y asociaciones de personas con discapacidad, en torno a la idea de que para conseguir el avance y fortalecimiento del apoyo comunitario y la atención centrada en la persona en las instituciones, es necesario “un cambio de paradigma para los trabajadores”, por lo que se solicita “cursos de formación o reciclaje profesional para dotarles de nuevas competencias y conocimientos en materia de derechos humanos”. (Dictamen NAT-VI/24); “se necesita un reentrenamiento y una capacitación adecuada para los especialistas que trabajan en instituciones de atención residencial, así como una capacitación adecuada para cuidadores que brindan apoyo y atención fuera de las instituciones para facilitar la transición a nuevas formas de trabajo en el contexto de la atención comunitaria”. (Conclusiones del Consejo sobre desinstitucionalización). Algunas organizaciones están desarrollando cursos en este sentido para obtener acreditaciones europeas como asistentes personales, y personal de apoyo. Asimismo, es preciso considerar las condiciones particulares del sector, y en este sentido, existe una reivindicación para que la Directiva de Tiempo de Trabajo, actualmente a debate, tenga en cuenta los especiales desafíos de los servicios sociales y los servicios de apoyo para las personas con discapacidad; ya que para una adaptación idónea a las necesidades de las personas en la comunidad, se requerirán no solo cambios de actitudes, sino una mayor flexibilidad en la organización del trabajo, sin perjuicio, evidentemente, del respeto a los derechos laborales.
Es necesario también dar pasos concretos a nivel legislativo para que los derechos reconocidos en la Convención se hagan efectivos. En este sentido, será necesario seguir el diálogo tripartito que está teniendo lugar estos meses bajo presidencia búlgara entre el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea sobre la Directiva de Accesibilidad de Productos y Servicios (Acta Europea de Accesibilidad). Con esta iniciativa se busca que los productos y determinados servicios como son los del sector de audiovisuales, comercio electrónico, servicios bancarios, transporte y dispositivos electrónicos sean accesibles a las personas con discapacidad, ya que todos ellos contribuyen en gran medida a facilitar la vida independiente. Las principales dificultades se están encontrando en la legislación de mercado interior y en el respeto al principio de subsidiariedad.
Evidentemente, la situación de los Estados Miembros es variable según los casos. Algunos países, sobre todo de los del Este de Europa (Rumania, Bulgaria,…) están en proceso de desmantelamiento de las grandes instituciones; otros como Suecia, Finlandia, Países Bajos y Bélgica llevan años disponiendo de servicios concretos de apoyo en la comunidad para personas con discapacidad, mayores e infancia en riesgo. España, probablemente, se encuentre en un punto intermedio: se ha trabajado la desinstitucionalización a finales del siglo pasado, y aunque es justo reconocer los logros alcanzados, la revisión realizada por parte de la Convención de Personas con Discapacidad a escala nacional, sigue llamando la atención sobre el alto número de personas institucionalizadas en nuestro país. Después de haber dado importantes pasos hacia delante, no cabe al conformismo: las personas con discapacidad (también las personas mayores y los menores) tienen derecho a vivir donde desean hacerlo (generalmente, en sus casas); y, por ello, los servicios sociales deben adaptarse para poder responder a esta demanda.
Europa ofrece la oportunidad de hacerlo de una manera conjunta, aprovechando los recursos, y viendo lo que otros países y regiones están haciendo en este sentido. Existen fondos europeos para financiar proyectos en esta línea, y algunas organizaciones, también en Asturias, los están utilizando. La modalidad de Empleo con Apoyo es un ejemplo en este sentido. Por otra parte, es necesario salir y ver qué se está haciendo fuera, por ejemplo a través del programa Erasmus+, o explorando la pertenencia a asociaciones que trabajan por tejer redes entre organizaciones europeas.
Por último, no debe olvidarse que las políticas sociales son competencia autonómica y local. Por tanto, partiendo de las organizaciones de personas con discapacidad, la Fundación Tutelar de Personas con Discapacidad (FASAD) y la colaboración de las diferentes administraciones (autonómicas y municipales), se debe buscar la manera concreta de continuar avanzando. Mirar a Europa significa valorar todo el trabajo que ya realizado en cada territorio (en Asturias, en este caso) y recoger los sólidos cimientos jurídicos, políticos y sociales de los que se está hablando para seguir fortaleciendo los apoyos comunitarios para la vida independiente.
Bibliografía:
