N° 27. 1. Año 2023



26 de enero de 2023
Información

Patricia M. Fernández Fernández. Licenciada en Historia del Arte. Documentalista del Proyecto Conect-As. Tragsatec pferna21@tragsa.es

Silvia Suárez Suárez. Licenciada en Pedagogía. Responsable técnico social del Proyecto Conect-As. Tragsatec ssuarez4@tragsa.es

El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la interconexión mundial tienen grandes posibilidades de acelerar el progreso humano y desarrollar la sociedad del conocimiento, generando a su vez tensiones inherentes a este tipo de procesos en términos de igualdad.

Como se ha puesto de manifiesto, los graves efectos sanitarios y socioeconómicos tras la emergencia provocada por la COVID -19 enfatizaron el papel que la transformación digital podía cumplir para convertir la crisis en oportunidad en la construcción de una conectividad inclusiva y sostenible.

Este artículo analiza el clima internacional y el contexto normativo del proceso de digitalización desde un enfoque humanista, explicando las brechas digitales hasta llegar a la inclusión digital a través de un proceso de reflexión que permita controlar las posibles asimetrías o desigualdades que puedan acentuarse durante la transición digital, y que esta pueda concebirse como un mecanismo encaminado a la inclusión como clave de desarrollo pospandemia.

    1. Brecha digital e igualdad de oportunidades en el contexto internacional.

El concepto de brecha digital evoluciona y se transforma al mismo ritmo que la sociedad de la información. Desde el punto de vista conceptual ha sufrido una notable evolución en los últimos años. Andreea Stoiciu (Stoiciu, 2023)[1] explica la brecha digital como una cuestión social vinculada con la diferente cantidad de información de las personas según tengan o no acceso a la información y a las tecnologías de la información y las comunicaciones. La brecha digital se define, por tanto, como una realidad compleja y multicausal que incluye desequilibrios en materia de infraestructura de internet, información y conocimientos e igualdad de oportunidades.

De forma paralela a la digitalización de la sociedad, el conocimiento, las administraciones y parte importante de la actividad humana, crece la preocupación por las desigualdades que este proceso genera. Estas desigualdades han dado lugar a un contexto soft law[2] y legislativo internacional que establece directrices y estrategias, tanto para generar conocimiento como para movilizar recursos y políticas que contribuyan a la reducción efectiva de estas desigualdades.

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CSMI)[3] pone el foco en la necesidad de implementar recursos humanos, financieros y tecnológicos que permitan incluir a todas las personas en una sociedad de la información, entonces emergente. Para superar la brecha digital, se habla ya hace veinte años de la necesidad de utilizar más eficientemente los enfoques y mecanismos existentes y analizar a fondo otros nuevos, con el fin de proporcionar fondos para financiar el desarrollo de infraestructuras y equipos, así como la creación de capacidad y contenidos como factores esenciales para garantizar una participación universal en la sociedad de la información.

La Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información (CMSI, 2006), señala que serán los gobiernos y otras partes interesadas quienes deberán identificar las esferas que demanden más atención y nuevos recursos, con el objeto de elaborar estrategias, mecanismos y procesos de implementación de los resultados de la CMSI a escala internacional, regional, nacional y local, prestándose especial atención a la inclusión de personas y grupos todavía marginados.

Por otra parte, como explica Jose Antonio Sanahuja[4] (Sanahuja, 2019), el año 2015 marca un paso decisivo en el desarrollo global y las políticas de cooperación internacional al expirar los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM) y alcanzarse los acuerdos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas. 20015) y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El multilateralismo de estos acuerdos permite construir una arquitectura de seguridad sobre la base de la sincronización de la dinámica hegemónica y la dinámica de cooperación, el desarrollo, la sostenibilidad y la inclusión.

La propia Agenda 2030 identifica un crecimiento de la desigualdad en la sociedad de la información, especialmente entre las poblaciones más vulnerables, y por ello incluye un objetivo específico por la inclusión:

“OBJETIVO 10: reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.”

Este objetivo persigue que: “todas las personas, sea cual sea su sexo, raza u origen étnico, incluidas las personas con discapacidad, los migrantes, los pueblos indígenas, los niños y los jóvenes, especialmente si se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, deben tener acceso a posibilidades de aprendizaje permanente que las ayuden a adquirir los conocimientos y aptitudes necesarios para aprovechar las oportunidades que se les presenten y participar plenamente en la sociedad.” Aparecen aquí ligados tres conceptos fundamentales: la inclusión a través de la capacitación y el aprendizaje permanente.

En relación a estos conceptos de aprendizaje permanente y capacitación, las instituciones europeas han realizado un importante esfuerzo para establecer un marco de referencia de competencias digitales. Esto permitirá a todos los países miembros desarrollar sus estrategias de adquisición y desarrollo de estas competencias de forma sistematizada. En este sentido, el Joint Research Center (JRC) de la Comisión Europea lanzó a finales de 2010 el proyecto Digital Competence: Identification and European-wide validation of its key components for all levels of learners (DIGCOMP). El Digcomp establece un marco estandarizado y detallado para el desarrollo de la competencia digital, concretando las habilidades necesarias para ser competente en entornos digitales, describiéndolas en términos de conocimientos, habilidades y actitudes y estableciendo niveles dentro de cada competencia. Plantea cinco áreas de competencia digital:

  • Área de alfabetización digital.
  • Área de comunicación y colaboración
  • Área de creación de contenido digital
  • Área de seguridad digital
  • Área de resolución de problemas

El desarrollo de este contexto de aprendizaje común sitúa a las competencias digitales entre las principales prioridades de la agenda política europea para la transición digital.

En este contexto internacional de identificación de fortalezas y debilidades de una sociedad de la información de rápido crecimiento, acelerado tras la crisis sanitaria provocada en 2020 por la pandemia de COVID-19, la Unión Europea ha incluido entre sus prioridades mecanismos, directrices y planes estratégicos que configuren un entorno común de actuación para enfrentar los retos planteados por el binomio digitalización-igualdad.

En Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital (Comisión Europea, 2021) identifica a las tecnologías digitales como esenciales para trabajar, aprender, entretenerse, socializar, comprar y acceder a todo tipo de bienes y servicios, desde los sanitarios hasta la cultura. A este respecto, los esfuerzos se centrarán en aplicar políticas digitales que capaciten a las personas y las empresas para aprovechar un futuro digital centrado en la persona, sostenible y más próspero.

En la European skills agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (Comisión Europea, 2021) se determina la necesidad de proporcionar a las personas habilidades adecuadas que les permitan trabajar de manera más eficaz, así como aprovechar las tecnologías avanzadas. Las inversiones en competencias están en el centro de los Fondos Next Generation EU, de 750.000 millones EUR, con los que la Unión Europea se está movilizando para invertir en una recuperación sostenible, inclusiva y justa.

Más del 50% del presupuesto a largo plazo de los Fondos Next Generation EU (2021) están destinados al fomento de la modernización; para el tema que nos ocupa, a través de la estrategia “Europa Digital” que identifica como beneficios de la transformación digital los siguientes:

  • Creación de nuevos puestos de trabajo.
  • Fomento de nuevas capacidades.
  • Desarrollo de nuevos mercados
  • Mejora de la competitividad UE.

El enfoque de esta transformación digital ha de estar centrado en la persona: un enfoque en que se respeten y defiendan los valores y los derechos fundamentales de la UE.

La materialización y trasposición de todas estas cuestiones se articula en España a través de España Digital 2025 y 2026 (Gobierno de España, 2020 y 2022), Plan Nacional de Competencias Digitales (Gobierno de España, 2021b) y Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Gobierno de España, 2021a), en los que se fija la hoja de ruta para acelerar una transición digital humanista en España, a través de inversiones y reformas que potencien las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para una economía y una sociedad digital.

En concreto, España Digital 2025 pone el foco en tres aspectos fundamentales en cuanto a brecha digital, transición digital e igualdad: garantizar la conectividad digital del 100% de la población, reforzar las competencias digitales de la ciudadanía e impulsar la digitalización de la Administración pública.

Además, plantea un objetivo transversal fuertemente alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030: contribuir de forma considerable a cerrar las diferentes brechas digitales que se han ensanchado en los últimos años por motivos socioeconómicos, de género, generacionales, territoriales, o medioambientales. Brechas de acceso y uso de las tecnologías digitales, que se han hecho especialmente visibles durante los primeros meses de la pandemia COVID-19, y que ha motivado la acción urgente de las administraciones.

Se ha constatado que la ciudadanía necesita competencias digitales básicas para operar con confianza a la hora de comunicarse, informarse o realizar transacciones, como comprar, interactuar con las administraciones públicas, o reservar una cita médica. Sin embargo, el diagnóstico actual indica que el porcentaje de personas sin competencias digitales básicas en la Unión Europea es del 42% y en España del 43%. A pesar de que este porcentaje decrece año a año, siguen existiendo colectivos donde la falta de competencias golpea con especial intensidad, produciendo nuevos fenómenos de exclusión digital.

    1. Brechas digitales y desigualdad.

Como ya se ha explicado, la irrupción de la COVID-19 ha supuesto un enorme impacto en la sociedad, acelerando el proceso de digitalización. El estado de alarma avocó a las empresas, a las administraciones públicas y a la propia ciudadanía a desarrollar nuevas formas de trabajar y de relacionarse evitando la presencialidad, siendo la tecnología el aliado indispensable para esta transformación (teletrabajo, videoconferencias, administración electrónica etc.).

En el ámbito profesional social, ya en 2007 organismos y fundaciones como la Fundación FOESSA empiezan a poner el foco en las tecnologías de información y la comunicación como bien social. Azagra y Chulilla (2008) destacan la problemática asociada a la desconexión tecnológica como una forma de exclusión, poniendo de relieve la bidireccionalidad de la misma, ya que esta brecha digital podría derivar paulatinamente en una forma de exclusión social.

La brecha digital afecta a todas las personas como parte de una sociedad. La inclusión y la participación activa en la sociedad de la información y su continua transformación se convierten así en un derecho humano más que debe ser garantizado para toda la ciudadanía, en especial para aquellas personas que por sus características o circunstancias personales presentan mayores dificultades para acceder o utilizar las herramientas tecnológicas.

Con estas premisas, se hace necesario precisar qué entendemos por brecha digital para poder ofrecer garantías en el proceso de inclusión digital. Como se ha dicho, el concepto ha sufrido una notable evolución conceptual en los últimos años. Aunque no existe unanimidad en la definición, como punto de partida podemos entender la brecha digital como “una realidad compleja y multicausal que incluye desequilibrios en materia de infraestructura de internet, información y conocimientos e igualdad de oportunidades”.

Históricamente se distinguen dos tipos brechas. La primera es la brecha de acceso, referida a la diferencia o desigualdad en el acceso a las tecnologías de la comunicación y la información (en términos de dispositivo y conectividad). La segunda es una brecha de uso de estas tecnologías, según las habilidades y destrezas de comprensión necesarias para su manejo por parte de la población que tiene acceso a ellas.

De más reciente incorporación y en un nivel superior de capacitación, son las llamadas brecha de apropiación, entendida como el grado en que las personas son conscientes de su nivel de conocimiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación; y la brecha de participación, relacionada con la desigualdad en el nivel de apropiación y capacidad de utilizarla para participar en la esfera social y pública y así participar en la transformación del entorno.

Partiendo de esta clasificación generalista, conviene tener en cuenta que existen una serie de factores que pueden aumentar el riesgo de exclusión o actuar como inhibidores tanto en el acceso como en el uso de estas tecnologías. Así, la European Anti Poverty Network (EAPN, 2021), en su informe La inclusión digital en la juventud como medio para su inclusión social y laboral, realiza una clasificación exhaustiva de los tipos de brecha distinguiendo hasta ocho en función de esos posibles condicionantes:

  • Brecha digital de género, que afecta principalmente a las mujeres.
  • Brecha digital etaria (por grupo de edad), siendo la población mayor de 65 años la que presenta mayores dificultades de acceso.
  • Brecha digital socioeconómica, siendo la pobreza un factor determinante tanto en la disponibilidad de equipamiento informático como en el acceso a internet y en su capacidad de uso.
  • Brecha digital de índole funcional, por la necesidad de adaptaciones especiales para poder acceder a las tecnologías que tienen las personas con discapacidad.
  • Brecha digital formativa, ya que los niveles de formación más bajos muestran menos acceso a los dispositivos digitales.
  • Brecha digital de índole geográfica o territorial, dependiendo de las comunidades autónomas.
  • Brecha digital por hábitat, que distingue entre las personas que viven en zonas rurales (menos de 20.000 habitantes) de las zonas urbanas.
  • Brecha digital por composición familiar, siendo los hogares monomarentales los que más carencias tienen en el acceso y uso de las tecnologías.

Por tanto, cuando hablamos de brechas, hablamos de garantizar el derecho de acceso, de conectividad, del fomento de las capacidades digitales y del ejercicio de la ciudadanía digital en igualdad de condiciones.

Como se ha analizado, desde diferentes marcos europeos se ha ido señalando la importancia de invertir esfuerzos, no solo en procesos de digitalización y extensión de la conectividad a las diferentes poblaciones, sino también en ofrecer suficiente formación en habilidades y destrezas que capaciten como persona competente en el buen uso entornos digitales.

A la luz de todo lo expuesto, parece claro que, tanto la adquisición de competencias digitales como las herramientas tecnológicas que favorecen la inclusión en la sociedad digital, han evolucionado. A este respecto y para el caso de Asturias, el Informe sobre exclusión y desarrollo social en Asturias de la Fundación FOESSA[5] (2022) recopila datos territoriales sobre el número y la proporción de hogares que disponen de ordenador, tienen acceso a internet, utilizan frecuentemente la red y/o realizan compras a través de Internet. El informe para el 2022 arroja unos resultados positivos para estas variables que han estado en continuo crecimiento desde el 2010. El 52,1% de los hogares asturianos compran por internet y el 91% manifiesta que ha utilizado la red en los últimos tres meses. También ha crecido muy notablemente el porcentaje de la población asturiana que se conecta a Internet de forma diaria o casi diaria (80% de los hogares).

No obstante, estos datos relativos al conjunto de la población no reflejan la exclusión del mundo digital derivadas de las situaciones de brecha digital de acceso y su impacto específico en las personas que se encuentran en situación de exclusión.

Como hemos ido desarrollando anteriormente, estar en posesión de una conexión ilimitada de datos, disponer de un dispositivo con conexión a internet y competencias digitales adecuadas son tres elementos que pueden marcar la diferencia en la sociedad digital actual. O, dicho de otro modo, la ausencia de alguno de ellos (o varios) implica estar en situación de brecha digital.

En este informe se recoge que la brecha digital alcanza al 35,2% del conjunto de los hogares en Asturias. Sin embargo, este porcentaje es del 34,6% entre los hogares en situación de integración[6], del 38,2% en situación de exclusión y, en concreto, llega hasta el 44,5% en el caso de los hogares en situación de exclusión severa.

A tenor de estos datos queda patente que existe una correlación clara entre la situación de exclusión y las brechas digitales. Sin embargo, este informe también concluye que las brechas no se derivan solo de la disponibilidad de los equipamientos necesarios para el acceso a la sociedad digital, ya que el porcentaje de hogares en situación de exclusión que cuentan con móvil, ordenador o tablet es muy similar al del resto de hogares. El dato relevante es que las diferencias se observan, principalmente, en la disponibilidad de una conexión ilimitada a la red y la presencia en el hogar de alguna persona con competencias digitales básicas.

    1. Hacia la inclusión social digital.

Conforme a lo expuesto, parece procedente concluir que las medidas y los diferentes planes de acción a implementar para alcanzar la plena inclusión digital deben poner el foco en superar una primera brecha de acceso, con dotaciones económicas que cubran las carencias de los hogares en situación de integración precaria o exclusión, pero también fomentar que las personas adquieran las competencias necesarias (a nivel digital y de habilidades cognitivas), que les sirvan para superar las brechas de uso, apropiación y participación en las comunidades digitales, garantizando de este modo su inclusión social digital.

El término “inclusión social digital” se acuñó en 2003 en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la información (CMSI, 2003)[7], entendida como la democratización de las tecnologías de la información y la comunicación. Así, la Comisión Europea, a raíz de este informe, concluye que la inclusión digital consiste en que todas las personas puedan contribuir y beneficiarse de la economía y la sociedad digital.

Entendida así, y para lograr el objetivo de la inclusión digital plena, es necesario trabajar en cuatro áreas:

  • Garantía de acceso a las TICs (equipamiento e infraestructura).
  • Accesibilidad de la tecnología (facilidad de uso para las personas con discapacidad)
  • Mejora de las competencias digitales de la población.
  • Diseño de procesos de inclusión social que incorporen a las personas en situación de brecha digital.

Por lo tanto, para que la digitalización se convierta en un instrumento efectivo de inclusión social debe abarcar dos ámbitos fundamentales en la vida de las personas:

  • Digitalización para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía frente a las administraciones públicas.
  • Digitalización para la mejora de la vida social y cotidiana de las personas.

De este modo, la garantía total de acceso a los derechos sociales es un elemento prioritario en el proceso de inclusión de las personas. El uso cada vez mayor de internet para acceder a servicios clave (bancarios, administrativos, municipales etc.) tiene implicaciones para quienes no están equipados o no pueden (o quieren) usar sus dispositivos. Así, los planes de acción para lograr la inclusión digital han de orientarse a eliminar las barreras clave que dan lugar a la situación de brecha digital:

  • Falta de competencias para usar
  • Escasez de medios para aprender
  • Falta de acceso a Internet y/o dispositivo
  • Falta de motivación y de confianza para ser parte de la sociedad de la información

En este sentido, el Pilar europeo de derechos sociales (Unión Europea, 2017) y la Carta de Derechos Digitales[8] (Gobierno de España, 2021c) instan a las administraciones públicas a poner el foco en la inclusión. Así, la Carta de Derechos Digitales, sirve como documento de referencia para una futura ley orgánica que regule los derechos digitales, así como código de conducta que inspire a los poderes públicos para el impulso de políticas públicas sobre la transformación digital. Se estructura en cinco grandes apartados: "derechos de libertad", "derechos de igualdad", "derechos de participación y de conformación del espacio público", "derechos del entorno laboral y empresarial" y, finalmente, "derechos digitales en entornos específicos". Y en cada uno de estos ámbitos se contiene una relación de derechos que suman un total de veinticinco.

Esta clave de bóveda hace que las políticas de inclusión tengan que repensar la tecnología, priorizando la digitalización, pero sin dejar de lado otros aspectos como el uso y la apropiación de la tecnología y la participación en la sociedad digital y su continua transformación. Internet deja de ser una alternativa cuando se convierte en la clave imprescindible para la educación, la sanidad, la participación ciudadana o la gestión administrativa.

Este proceso de integración en la comunidad digital necesita de una ciudadanía crítica, constructiva y participativa que fortalezca las capacidades de sus miembros y de sus comunidades para informarse debidamente, participar y opinar de manera responsable en debates y consultas, pudiendo así decidir con conocimiento en los asuntos que atañen a sus vidas, la de sus semejantes y las de sus territorios. Aquí juega un papel clave la “alfabetización informacional” (ALFIN), como capacidad para buscar, encontrar, filtrar evaluar y comunicar eficazmente la información. El desarrollo de estas destrezas se considera requisito perceptivo para la participación efectiva en la sociedad de la información y forma parte, además, de los derechos básicos de la Humanidad para el aprendizaje permanente.

En este mismo proceso de integración, es premisa fundamental que la propia Administración no sea en si misma generadora de brecha. Para ello es necesario mejorar la “accesibilidad” de la Administración electrónica aprovechando la experiencia de la persona usuaria desde el marco del “gobierno fácil” (gobierno abierto-participación, transparencia y lectura fácil), la “gobernanza 360” (poniendo a la ciudadanía en el centro) y la citada Carta de Derechos Digitales aprobada en España. Además de acuerdo a la comprensión actual, la accesibilidad universal no solo es un derecho inherente a todas las personas con o sin discapacidad, con valor por sí mismo, sino que constituye la base para ejercitar los demás derechos y libertades fundamentales, para garantizar su participación plena en la sociedad en igualdad de oportunidades entre la ciudadanía.

    1. Conclusiones

El desarrollo de la sociedad de información ha alcanzado una velocidad de vértigo, desde sus inicios a finales del siglo XX hasta el momento actual, con un claro punto de inflexión en la situación de emergencia provocada por la pandemia de COVID-19.

El aumento de las desigualdades y las tensiones en el sistema provocadas por este hiperdesarrollo suponen uno de los mayores retos a que se enfrenta nuestra sociedad a nivel global. El análisis de esta realidad desde una perspectiva inclusiva con vocación universal es necesario para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este marco de referencia para la acción debe permitirnos navegar en el entorno digital en que nos encontramos aprovechando y desarrollando todas sus potencialidades y oportunidades y aprendiendo a identificar sus riesgos. Solo a través de estos procesos de reflexión podremos liderar un proceso de cambio hacia una digitalización humanista, que ponga a las personas en el centro y pueda apuntalar la garantía de los derechos digitales.

Finalmente, las administraciones públicas han de liderar esta transformación promoviendo los bienes públicos digitales, con el fin de crear un mundo más equitativo, impulsando la construcción y el desarrollo de competencias digitales en la ciudadanía (con especial hincapié en las personas que viven situaciones de vulnerabilidad), garantizando la protección de los derechos humanos en la era digital y proyectando una arquitectura efectiva para alcanzar la conectividad universal y la cooperación digital con el horizonte 2030.

    1. Bibliografía

Asamblea General de Naciones Unidas (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada por la Asamblea General del 25 de septiembre de 2015.

Ararteko (2013). E-inclusión y participación ciudadana en las esferas social y pública a través de las Tic en Euskadi. Informes extraordinarios de la institución del Ararteko al Parlamento Vasco.

Ararteko (2014). Actualización de la aplicación de recomendaciones del Informe extraordinario sobre la e-inclusión en la esferas social y pública de Euskadi a través de las Tecnología de la Información y la Comunicación.

Azagra, P. y Chulilla, J. L. (2008). Las nuevas tecnologías: el bien social del siglo XXI. VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2008

Comisión Europea (2020). European skills agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience.

Capgemini Research Institute (2020). The Great digital divide Why bringing the digitally excluded online should be a global priority.

Comisión Europea (2021). Brújula digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital. Comunicación de la comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2003). Plan de Acción de Ginebra.

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2006). Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información.

EAPN (2021). La inclusión digital en la juventud como medio para su inclusión social y laboral.      https://www.caritas.es/main-files/uploads/2022/01/Conclusiones-Informe-FOESSA-2022.pdf

Fundación FOESSA (2022). Informe sobre exclusión y desarrollo social en Asturias. Resultados de la encuesta sobre integración y necesidades sociales 2021.

Gobierno de España (2021c). Carta de Derechos Digitales.

Gobierno de España (2021a). Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

Gobierno de España (2021b). Plan nacional de competencias digitales.

Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital (2022). España digital 2026.

Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital. (2020). Plan España Digital 2025.

Gobierno de España. Ministerio de asuntos Económicos y Transformación digital. Secretaría de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (2022). Brújula. Uso de las tecnologías en los hogares españoles.

Gobierno del Principado de Asturias. Consejería de Derechos Sociales y Bienestar (2022). Estrategia de accesibilidad del Principado de Asturias 2020-2022.

INE ETICH. (2021). Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735576692

Sanahuja, J.A. (2019). La Agenda 2030 y los ODS: sociedades pacíficas, justas e inclusivas como el pilar de la seguridad. La agenda 2030 y los ODS. Nueva arquitectura para la seguridad. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

Stoiciu, A. (Consultado 2023). El Papel de la gobernanza electrónica en la reducción de la brecha digital. Crónica ONU. https://www.un.org/es/chronicle/article/el-papel-de-la-gobernanza-electronica-en-la-reduccion-de-la-brecha-digital

Unión Europea (2017). Pilar europeo de derechos sociales.

Vera-Baceta, M.A, Navarro G., Gómez-Hernández, J.A. (2022). Riesgos de la aceleración digital: una mirada desde el Marco DIGCOMP2.2. y los derechos digitales de la ciudadanía. Universidad de Murcia.

 

 

[1] Coordinadora del subgrupo “Gobierno electrónico para el desarrollo sostenible” de las Naciones Unidas y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

Consultado 18/01/2023.

[2] Sin carácter vinculante ni efectos jurídicos pero dotada de potente influencia en el comportamiento de actores sociales, políticos y económicos.

[3] Conferencia de Naciones Unidas liderada por la unión Internacional de Telecomunicaciones. Celebrada en dos sesiones: Ginebra 2003 y Túnez 2006.

[4] Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y Director de la Fundación Carolina.

[5] Resultados de la encuesta sobre integración y necesidades sociales 2021.

[6] El ISES (Índice Sintético de Exclusión Social) de la Fundación FOESSA recoge cuatro niveles de integración social: exclusión severa, exclusión moderada, integración precaria e integración plena. Más información en: https://www.foessa.es/encuestas-sobre-integracion/exclusion-social/los-niveles-de-integracion-social/

[7] Esta cumbre tiene como objeto fomentar las asociaciones, mostrar la innovación, intercambiar las mejores prácticas y anunciar nuevas herramientas e iniciativas para utilizar las TIC (líneas de acción de la CMSI) con el fin de avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

[8] Aprobada por el Gobierno el 14 de julio de 2021