La Estrategia Asturiana de Promoción de Derechos y Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en Asturias (2024-2030): un modelo de compromiso compartido

Introducción

Durante su desarrollo, niños, niñas y adolescentes se enfrentan con demasiada frecuencia a situaciones de violencia, tanto de manera directa como indirecta. Los estudios internacionales son contundentes: este problema está presente en todo el mundo y afecta a millones de menores. 

A nivel global, se estima que tres de cada cuatro niños y niñas entre 2 y 4 años -aproximadamente 300 millones - sufren disciplina regularmente mediante métodos violentos por parte de sus personas cuidadoras. Este dato, por sí solo, refleja la magnitud del desafío. 

En nuestro país, según el último estudio de UNICEF España en colaboración con la Universidad de Barcelona, una de cada cuatro personas de entre 14 y 17 años afirma haber sufrido algún tipo de violencia en el último año. Esta violencia puede adoptar diversas formas (maltrato físico o psicológico), como presenciar discusiones violentas entre personas adultas responsables.. El maltrato psicológico (gritos, humillaciones, amenazas) es el más frecuente: casi dos de cada diez adolescentes reconocen haberlo sufrido. El maltrato físico sigue afectando a una de cada diez personas en esta franja de edad, según el citado estudio. 

Para comprender la urgencia de contar con una estrategia específica de erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, es importante atender a los datos más recientes. Solo en el año 2024, en el Principado de Asturias se registraron 676 notificaciones por situaciones de desprotección. De ellas, 339 derivaron en expedientes de protección, mientras que los 337 restantes correspondieron a actuaciones previas. 

En cuanto a las tipologías de desprotección, destaca la negligencia (34,62%) como la forma más común de desprotección, muchas veces vinculada a las carencias en la esfera emocional. Le siguen de cerca otras situaciones complejas (19,08%).. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de políticas sólidas, coordinadas y centradas en la prevención y el buen trato.  

Las investigaciones coinciden en que el abuso y la negligencia no solo dejan cicatrices emocionales, sino que también se asocian con trastornos psiquiátricos internalizantes, como depresión y ansiedad, estrés postraumático y un mayor riesgo de ideación suicida en la juventud. 

Este trabajo tiene un propósito claro: visibilizar la realidad de la violencia contra la infancia y adolescencia, con el doble objetivo de aumentar la conciencia social sobre la gravedad del problema y contribuir a orientar y difundir las políticas y actuaciones que lo combaten. 

Para ello, analizaremos las medidas implementadas en el Principado de Asturias para mitigar esta lacra. Todas ellas parten de una premisa fundamental: ninguna forma de violencia contra la infancia es aceptable. La sensibilización, la prevención y la detección precoz son pilares esenciales de las políticas sociales que buscan erradicar esta triste realidad. 

De objeto de protección a sujetos de pleno derecho: el papel de la convención sobre los derechos del niño 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, marcó un hito histórico en la forma en que la sociedad entiende y trata a la infancia. Antes de su aprobación, niños y niñas se veían principalmente como objetos de protección, es decir, personas vulnerables que necesitaban cuidados y asistencia, pero no como titulares con pleno derecho. 

La CDN cambió radicalmente esta perspectiva al reconocer a la infancia como sujetos de derechos, lo que implica que cada niño y niña posee derechos inherentes que deben ser respetados y garantizados por los Estados. 

Este cambio conceptual es fundamental, porque otorga a la infancia una posición activa en la sociedad. Ya no se trata únicamente de proteger frente a riesgos, sino de garantizar su desarrollo integral y su participación en la vida social, cultural y política. Si bien los derechos ligados estrictamente a supervivencia y protección siguen siendo esenciales, la CDN amplía el marco al incluir derechos políticos como por ejemplo los de participación. Esto significa que niños y niñas tienen derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten, a que se les escuche y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta según su edad y madurez. 

Este reconocimiento fortalece la idea de ciudadanía desde la infancia y fomenta la construcción de sociedades más democráticas e inclusivas. 

Este nuevo enfoque no solo consolidó un marco jurídico internacional para la protección de la infancia, sino que transformó la manera en que los Estados, las familias y la sociedad en general conciben a niños y niñas. Su reconocimiento como sujetos de derechos implica asumir responsabilidades para garantizar su bienestar, pero también escuchar sus voces y garantizar una participación activa. Este cambio sigue siendo un desafío en muchos contextos, pero constituye un avance imprescindible hacia una sociedad que respete plenamente los derechos humanos desde la primera etapa de la vida. 

La violencia contra la infancia en el marco de las políticas públicas

Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, organizaciones de la sociedad civil, redes especializadas, personas expertas y agencias del Sistema de Naciones Unidas han alertado sobre el impacto de la violencia en el desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Este problema se convirtió en una prioridad que debía incorporarse con urgencia en la agenda gubernamental, lo que implicaba diseñar políticas públicas y adaptar los marcos normativos e institucionales. Estas acciones eran indispensables para desarrollar programas de prevención y protección con un enfoque integral, basado en derechos humanos y respaldado por presupuestos adecuados para garantizar su implementación. El proceso, sin embargo, enfrentó importantes desafíos políticos, sociales y técnicos. 

El artículo 19 de la Convención ya establecía las directrices para garantizar este derecho, al exigir que los Estados adopten medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a la infancia contra cualquier forma de abuso físico o mental, negligencia, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Además, estas medidas deben incluir programas sociales que brinden asistencia a l niños y niñas y sus personas cuidadoras así como mecanismos eficaces para prevenir, identificar, denunciar, investigar y dar seguimiento a los casos de maltrato, incluyendo la intervención judicial cuando sea necesario. 

Otro hito especialmente relevante en esta materia se produjo en el año 2006: el Estudio del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, dirigido por Paulo Sergio Pinheiro. Visibilizó las múltiples formas de violencia que afectan a la infancia y los entornos donde se producen. El informe reveló que la violencia contra niños y niñas es un problema universal, presente en todas las culturas y países, y que a menudo permanece oculta y socialmente tolerada. Incluye violencia física, psicológica, explotación sexual, trabajo forzado y trata de menores. El prestigioso estudio además reconoce cómo la mayoría de los actos son cometidos por personas cercanas, lo que agrava su impacto emocional y psicológico. Y las consecuencias son devastadoras para la salud, el desarrollo y el futuro de niños y niñas. Como conclusión propone un marco integral con 12 recomendaciones orientadas a la prevención y respuesta, como la creación de estrategias nacionales, la recopilación de datos, la prohibición legal de todas las formas de violencia, el fortalecimiento de sistemas de protección y campañas de sensibilización. También subrayó la obligación de los Estados de garantizar apoyo y asistencia a las víctimas. 

Posteriormente, el Comité de los Derechos del Niño publicó en 2011 la Observación General sobre el “Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”, que interpreta el artículo 19 de la Convención. Esta observación define la violencia de manera amplia e insiste en la prevención activa y la respuesta eficaz por parte de los Estados. En el plano internacional, también la Agenda 2030 incorporó metas específicas para erradicar la violencia contra la infancia, especialmente en el ODS 16, que promueve sociedades pacíficas e inclusivas, y sus metas 16.1 y 16.2, centradas en reducir la violencia y proteger a la infancia contra el abuso, la explotación y la trata. Los mecanismos de seguimiento de la Convención y otros tratados han permitido contar con información más completa. 

Ya en el ámbito nacional, las Observaciones Finales del Comité de Derechos del Niño a España en 2018 destacaron la persistencia de diversas formas de violencia, pese a los avances normativos. El Comité instó al Estado a aprobar un marco legal específico y ampliar los recursos para abordar esta problemática.  

Con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI) de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia se marcó un hito en esta trayectoria, consolidando años de incidencia política, investigación y formación especializada para prevenir y proteger a niños, niñas y adolescentes frente a todas las formas de violencia en los niveles nacional, autonómico y local 

Las políticas de infancia en el Principado de Asturias: evolución y enfoque estratégico

Bajo este nuevo enfoque, las políticas asturianas fueron incorporando progresivamente el mandato que propone la Convención. Si bien la Ley 1/1995, de 27 de enero, en todo su articulado utiliza un enfoque eminentemente proteccionista, ya recoge en algunos de sus artículos la importancia de reconocer e incorporar la necesidad y el papel que tiene la prevención en materia de protección de los y las menores. Además, incorpora, como por ejemplo en su artículo 11, el derecho de las personas menores de edad a ser oídas y a expresar su opinión. 

Asturias ha impulsado el desarrollo e implementación de planes municipales de infancia, estableciendo directrices para que los municipios elaboren estrategias que contemplen todas las dimensiones del bienestar infantil, incluyendo, en todo su proceso, la consulta directa a niños, niñas y adolescentes durante la planificación. La iniciativa contó desde sus inicios con la colaboración del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado, UNICEF Asturias, los municipios y las entidades sociales presentes en los distintos territorios, lo que evidencia la apuesta por la gobernanza participativa y la corresponsabilidad institucional. 

A lo largo de todo este proceso, y siguiendo el marco teórico del programa internacional de UNICEF “Ciudades Amigas de la Infancia”, muchos municipios asturianos fueron incluyendo y reforzando el papel de este tipo de políticas dentro de sus prioridades programáticas, destacando que niños y niñas son ciudadadanía  de pleno derecho y que, a través de estas políticas, se promueven entornos locales más protectores y promotores de los derechos de la infancia. 

En definitiva, en Asturias, la protección y promoción de los derechos de la infancia constituye una prioridad en las políticas públicas. Estos instrumentos no solo responden a las directrices internacionales emanadas de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que también reflejan un compromiso autonómico con todos los derechos, con la participación infantil y con la coordinación interinstitucional. 

El papel de los municipios en Asturias y el modelo “Pa que nos escuchen” 

El Foro Municipal por los Derechos de la Infancia del Principado de Asturias, fue creado en 2008 y formalizado en 2009, es una iniciativa pionera en España para promover una red de municipios que contribuyan a garantizar el bienestar y los derechos de la infancia en el ámbito local.  

El Foro agrupa ayuntamientos comprometidos con estos principios bajo el modelo de trabajo de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF. Comenzó con 12 municipios, pronto alcanzó la treintena y actualmente lo integran 46, lo que supone que cerca del 85% de la población infantil asturiana vive en concejos adheridos. Este crecimiento refleja el interés por incorporar este tipo de políticas en la gestión pública local. 

El modelo promueve el desarrollo de Planes de Infancia y la creación de dos órganos: los Consejos Municipales de Infancia, integrados por representantes de la política, personal técnico, entidades sociales y menores, que asesoran y supervisan planes municipales; y los Grupos Municipales de Participación Infantil, formados exclusivamente por niñas, niños y adolescentes, que trabajan de manera estable con dinámicas adaptadas. Además, el Foro impulsa acciones como el Aula Municipal por los Derechos de la Infancia, los Encuentros Autonómicos de Participación Infantil o jornadas formativas en torno al Día de la Infancia. 

En paralelo a la creación de este Foro, Asturias ha desarrollado un modelo propio que recoge todas las iniciativas en materia de participación infantil, denominado: Modelo Asturias “Pa que nos escuchen”, como estrategia integral que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a participar en los asuntos que les afectan y, a lo largo de más de dos décadas, se ha consolidado como referencia nacional e internacional. 

Sus resultados e impacto son notables: niños y niñas han participado en procesos normativos, estrategias, planes y otras consultas, ocupando un espacio dentro de las políticas locales y autonómicas de nuestra Comunidad. Se trata de un proceso vivo que fomenta la ciudadanía activa desde la infancia, combinando voluntad política, recursos y metodologías adaptadas. Una de sus últimas aportaciones, de gran relevancia, fue su contribución a los procesos para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Infancia. Así como las aportaciones realizadas a la Estrategia Asturiana para la Promoción de Derechos y Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (2024-2030), incluida en la segunda parte de este artículo. 

Un nuevo marco para garantizar los derechos de la infancia

Como hemos visto, la evolución normativa que hemos experimentado en los últimos años nos sitúa ante un cambio de paradigma imprescindible y urgente. Este viene fijado por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) que marca un antes y un después en la forma de abordar los derechos de niñas, niños y adolescentes, al establecer de forma clara nuestra responsabilidad como sociedad de garantizar su pleno y libre desarrollo en entornos libres de violencia. 

Esta ley no solo establece mecanismos de protección, sino que impulsa una mirada activa basada en la promoción de derechos, la prevención, la detección precoz y la intervención temprana. Reconoce a la infancia y adolescencia como sujetos de pleno derecho y no únicamente como población vulnerable a proteger. 

La lucha contra la violencia contra la infancia, por tanto, debe realizarse siguiendo este marco, el que marca la LOPIVI, donde no solo se deben endurecerse los castigos a quienes agreden y reparar el daño cuando ocurre, sino, fundamentalmente, prevenir la violencia mediante la creación de entornos seguros, la formación de profesionales, la sensibilización social y la participación. 

Este enfoque también se refleja en la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia (2023-2030), impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 20230, que define la visión para 2030 en materia de derechos de infancia. Entre sus prioridades se encuentra la erradicación de la violencia como área central de trabajo, definiendo objetivos a medio y largo plazo para consolidar políticas públicas eficaces y sostenibles 

En coherencia con esta estrategia estatal, encontramos la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia, que articula cinco áreas clave desde las que abordar esta problemática de manera integral. Este documento ha sido fundamental como base y guía para estructurar nuestra estrategia autonómica. 

Todo este entramado de estructuras y metodologías inciden en construir un marco de políticas públicas, donde la infancia ocupa un papel protagónico, garantizando que son sujetos de pleno derecho y donde los derechos más estrictamente vinculados a la protección de niños y niñas se desarrollan y se garantizan en paralelo al resto de principios y derechos como son los de prevención, promoción o participación. 

Una hoja de ruta para el cambio: la estrategia asturiana de promoción de derechos y erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia  

Frente a esta realidad, el Principado de Asturias, en concreto la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, a través de la Dirección General de Infancia y Familias y del Observatorio de Infancia y Adolescencia, ha desarrollado la Estrategia Asturiana para la Promoción de los Derechos y Erradicación de la violencia contra la Infancia y Adolescencia. Ésta se concibe como una hoja de ruta con medidas concretas, compromisos y un enfoque integral para atajar la violencia a contra niñas, niños y adolescentes. Su objetivo principal es claro: Garantizar el cumplimiento y ejercicio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, asegurando entornos libres de violencia, que les permita desarrollarse plenamente y vivir una infancia y adolescencia feliz. 

Esta estrategia parte de un concepto de gobernanza multinivel, que implica la colaboración y coordinación entre todos los actores que tienen un papel en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de las políticas de erradicación de la violencia. 

Los principios que guían esta estrategia son la columna vertebral de su efectividad. Orientan la toma de decisiones, aseguran coherencia entre las acciones y refuerzan el compromiso de proteger los derechos y el bienestar de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos: 

• Cultura del buen trato y cero violencias. Promueve entornos seguros y afectuosos, adaptados a las necesidades y etapas de desarrollo de infancia y adolescencia. 
• Supervivencia y desarrollo integral. Garantiza el derecho a la vida y al desarrollo pleno en todas sus dimensiones. 
• Interés Superior de la persona menor de edad.  
• Participación activa y protagonista. Reconoce a las y los menores como actores sociales y promueve su derecho a expresar opiniones y participar en las decisiones que les afectan. 
• Accesibilidad universal. Garantizando la igualdad de oportunidades a quienes necesitan apoyos específicos. 
• Diligencia debida. Obliga a prevenir, investigar y reparar actos de violencia, movilizando a todos los actores y asegurando la rendición de cuentas. 
• Multidisciplinariedad e interseccionalidad 

La estrategia se apoya en diversos enfoques transversales que permiten una intervención más completa y sensible a las distintas realidades. Entre ellos, destacan, el enfoque de derechos de la infancia, que prioriza la protección y promoción activa de sus derechos. La perspectiva de discapacidad, atendiendo a las necesidades específicas de las y los menores; la interculturalidad, como reconocimiento a la diversidad de orígenes y culturas; la perspectiva de género que nos permite identificar y combatir las desigualdades a las que se enfrentan niñas, niños y adolescentes día a día. 

La metodología participativa ha sido un pilar fundamental del proceso de elaboración y recogida de información y lo será a lo largo de toda la implementación. Para ello, se configuraron diversos grupos heterogéneos de trabajo, compuestos tanto por agentes de la Administración pública, como entidades locales, organizaciones de la sociedad civil de infancia y el propio Comité de Participación Infantil y Adolescente, contribuyendo activamente con propuestas, reflexiones y realizando un análisis fiel a la realidad para poder fundamentar la estrategia en la experiencia real. 

Los grupos de trabajo se han estructurado en torno a cinco ejes estratégicos. Cada uno de ellos centrado en un área clave para abordar de formar integral la erradicación de la violencia e incidiendo en todos los ámbitos de la vida de la infancia y la adolescencia: 

• Eje 1: Conocimiento sobre la realidad de la violencia contra la infancia y adolescencia en Asturias.   
• Eje 2: Promoción de una cultura del buen trato y tolerancia cero a la violencia.   
• Eje 3: Entornos seguros.   
• Eje 4: Coordinación.   
• Eje 5: Abordaje multidisciplinar y atención especializada.  

Cada uno de estos grupos estuvo conformado por profesionales y representantes de distintos ámbitos que inciden en la vida de niñas, niños y adolescentes (salud, educación, deporte, ámbito social…). Para su correcto funcionamiento se designó a una persona coordinadora para cada uno de ellos, a su vez la coordinadora del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, asumió la coordinación general de los ejes estratégicos. 

Cada eje cuenta con un objetivo general, que deriva en varios objetivos específicos, así como un conjunto de medidas y actuaciones concretas que orientan la acción. Además, se han definido indicadores y fuentes de verificación que permitirán evaluar de forma rigurosa el impacto de la estrategia, asegurando así su eficacia y mejora continua. 

Ejes Estratégicos 

Eje 1. Conocimiento sobre la realidad de la violencia contra la infancia y adolescencia en Asturias 

El primer paso para poder intervenir de forma eficaz es conocer en profundidad la realidad. Este eje impulsará desde la Administración pública investigaciones sistemáticas y sostenidas para mejorar el conocimiento de la situación de violencia que afecta a la infancia y adolescencia en el Principado. Esta información permitirá aumentar la eficacia y precisión de las medidas propuestas, garantizando respuestas más ajustadas a la realidad. 

Eje 2. Promoción de una cultura del buen trato y tolerancia cero a la violencia   

Erradicar la violencia no solo requiere intervención sino también prevención. Este eje busca transformar la cultura desde la raíz, fomentando el buen trato como valor social compartido. Para ello se trabajará desde la sensibilización, como un proceso participativo que contribuya a la construcción de una ciudadanía activa, reflexiva y comprometida con la infancia y la adolescencia, que rechace cualquier forma de violencia. Además, se trabajará desde la formación en buenos tratos a profesionales de diferentes ámbitos, objetivo de impulsar un cambio de mirada y consolidar prácticas basadas en el respeto, la empatía y la protección. En definitiva, la cultura del buen trato. 

Eje 3. Entornos seguros 

Niñas, niños y adolescentes deben crecer en espacios que protejan su bienestar integral. Este eje aborda la creación y mejora de entornos seguros, entendiéndolos como aquellos que respeten los derechos de la infancia y promuevan un ambiente protector a todos los niveles —Físico, social, psicológico y del medio digital— esto implica revisar, adaptar y reforzar los contextos en los que se desarrollan sus vidas cotidianas. 

Eje 4. Coordinación   

La protección de la infancia y la adolescencia es una responsabilidad compartida. Por ello desde este eje se impulsa la coordinación interinstitucional y el trabajo en red como pilares fundamentales. El intercambio de experiencias y la cooperación entre profesionales e instituciones que intervienen en la vida de la infancia son fundamentales para ofrecer respuestas integrales y coherentes. La cooperación entre los distintos sistemas —sanitario, educativo, social, judicial, policial, etc.— es imprescindible para detectar, intervenir y reparar de forma eficaz. 

Eje 5. Atención especializada y multidisciplinar 

Cuando la violencia se produce, la respuesta debe ser rápida, humana y especializada. Para ello se brindará una atención especializada, multidisciplinar y centrada en las necesidades de las víctimas, garantizando espacios seguros y amigables para niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido cualquier forma de violencia. Además, se acompañará también a sus familias y/o personas cuidadoras, entendiendo que la reparación debe ser integral y adaptada a cada situación. 

Seguimiento y evaluación 

El éxito de cualquier estrategia depende, en gran medida, de su capacidad para ser evaluada, adaptada y mejorada de forma continua. Por ello, cada uno de los organismos y entidades implicadas en esta estrategia organizará los medios y recursos necesarios para implementar las actuaciones correspondientes a sus líneas y objetivos específicos. 

El Plan de Seguimiento y Evaluación se concibe como una herramienta clave para asegurar la correcta implementación del conjunto de acciones previstas y consecución de objetivos. Su propósito no es solo supervisar el cumplimiento sino también respaldar decisiones fundamentadas, basada en la evidencia, que garantice un impacto real y positivo en la vida de niños, niñas y adolescentes. 

La metodología adoptada será integral y combinará enfoques cualitativos y cuantitativos, utilizando herramientas como cuestionarios, entrevistas o grupos focales, entre otras. Este enfoque permitirá obtener una visión profunda y completa de los avances y retos. 

Mecanismos de seguimiento   

Se contempla la constitución de un Grupo de Coordinación, Seguimiento y Evaluación de la estrategia. Este órgano tendrá como responsabilidades principales velar por el cumplimiento de las acciones previstas, revisar y validar los informes de progreso y proponer modificaciones si fueran necesarias. Asimismo, se garantizará la transparencia del proceso mediante la elaboración de informes públicos y espacios de retorno participativo dirigidos a los diferentes agentes implicados. 

Responsables y agentes involucrados 

La Dirección General de Infancia y Familias, junto con el Observatorio de Infancia y Adolescencia (ambos dependientes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar), lideran la coordinación general de la estrategia. Su labor incluye impulsar el plan de acción en torno a los cinco ejes estratégicos, implementar las distintas líneas de actuación y coordinar el sistema de evaluación conforme a los indicadores definidos. 

Los diferentes departamentos de la Administración Pública del Principado de Asturias —especialmente aquellos con competencias en servicios sociales, salud, educación, igualdad, justicia, deporte y ocio— tendrán un papel activo en la ejecución de las medidas correspondientes a su ámbito de intervención.   

Por otro lado, el tejido asociativo, las entidades que desarrollan programas dirigidos a la infancia y la adolescencia, los ayuntamientos con planes municipales y los propios grupos de participación infantil y adolescente, son pilares esenciales en esta estrategia colaborativa para garantizar los derechos y prevenir cualquier forma de violencia hacia la infancia y adolescencia en el territorio asturiano. 

Conclusión

Hablar de violencia contra la infancia siempre es algo incómodo, pero es precisamente esa incomodidad la que nos recuerda que no podemos mirar hacia otro lado. Asturias ha avanzado de manera notable en la construcción de un sistema que protege, escucha y reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de pleno derecho. Sin embargo, este camino no está concluido. Detrás de cada dato, cada expediente y cada historia hay una realidad que nos interpela: niñas, niños y adolescentes que necesitan que estemos a la altura. Esto nos obliga a seguir cuestionándonos si como sociedad estamos ofreciendo a la infancia lo que realmente merece: seguridad, afecto, oportunidades, voz y participación en todo aquello que les concierne. 

La Estrategia Asturiana representa más que un documento técnico; es un compromiso ético y colectivo. Es la decisión de dejar atrás modelos que reaccionaban cuando el daño ya estaba hecho y apostar por una mirada que previene, acompaña y coloca a niñas, niños y adolescentes en el centro. Una detección precoz, una intervención a tiempo, una voz que se tiene en cuenta, puede cambiar una vida. Es, en definitiva, la expresión de una voluntad compartida de construir entornos donde crecer no sea un riesgo, sino una experiencia segura, feliz y llena de oportunidades. 

Quizá la verdadera medida de una sociedad no esté solo en sus leyes o en sus planes estratégicos, sino en su capacidad para garantizar que cada niño, niña y adolescente pueda desarrollarse sin miedo, con respeto y con la certeza de que su voz importa. Si logramos esto, no solo estaremos protegiendo la infancia del presente, sino también sembrando las bases de una ciudadanía más justa, más consciente y más humana.

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