Feminización de la pobreza

Introducción 

El pasado 30 de mayo se celebró en la Universidad de León la presentación del estudio sobre la feminización de la pobreza. La Red de Inclusión Social (RIS) del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 encargó este estudio a la Universidad de León como parte de la labor que desarrolla la RIS en la transferencia del conocimiento. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar participó en estas Jornadas con presencia en la mesa redonda sobre políticas públicas. 

La Red de Inclusión Social 

La RIS es un foro de debate, intercambio de buenas prácticas y difusión del conocimiento y la innovación en el que participan los Ministerios de Trabajo y Derechos Sociales, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, las consejerías de Servicios Sociales y de Empleo de las comunidades y ciudades autónomas, las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. 

La RIS comenzó su andadura entre 2010 y 2014 y se activa de nuevo en 2017 sobre la base del concepto de inclusión activa y las políticas para promoverla. Su principal objetivo es mejorar la inserción social y laboral de aquellas personas más alejadas de un empleo. Para ello, ha constituido varios grupos de trabajo, jornadas de formación conjunta e intercambio de conocimientos a través de estudios y seminarios.  

Desarrollo de la Jornada  

El tema de estas Jornadas, feminización de la pobreza, es un concepto que ya se empezó a utilizar ya en el año 1978, acuñado por una mujer: Diana Pearce que habló por primera vez de la feminización de la pobreza (concretamente en su trabajo “The feminization of poverty: Women, work, and welfare”). Esta expresión fue tomando fuerza hasta adquirir el rango de conceptualización feminista en los 90, principalmente con su impacto en la IV Conferencia Internacional de las Mujeres de Pekín en 1995. 

Para abordar este complejo tema la Jornada se distribuyó en tres mesas redondas. En la primera se expuso el estudio por parte de cada una de las investigadoras: “La relación entre mujer y pobreza vinculada con los objetivos de la Red de Inclusión Social”. Intervinieron las ocho investigadoras de la Universidad de León participantes y coautoras del mismo, ya que cada una de ellas aborda diferentes aspectos relacionados con la situación de vulnerabilidad de las mujeres: indicadores sobre generación de ingresos y sus diferencias por género, desigualdades de género relativas a la salud, riesgo de pobreza en las mujeres trabajadoras, desigualdades en el medio rural y en el trabajo autónomo de las mujeres, papel del ingreso mínimo vital y de los servicios socio-asistenciales para dar cobertura a estas situaciones. 

La segunda mesa redonda aportó la visión de las entidades privadas a través de la experiencia de siete entidades: Cruz Roja de Castilla y León, Fundación Foessa, Fundación CEPAIM, Fundación Acción contra el Hambre, Fundación Secretariado Gitano, Fundación ONCE Castilla y León y EAPN que aportaron una muy interesante visión de la existencia de barreras sistémicas que en el caso de mujeres en situación de precariedad se convierten en verdaderos muros que les impiden escapar de las “trampas de la pobreza” y les dificulta el desarrollo de una vida en la que ejerzan plenamente sus derechos de ciudadanía. 

Una tercera mesa redonda sobre políticas públicas estuvo constituida por representantes de los cuatro niveles territoriales a través de la Representación de la Comisión europea en España, la Administración General del Estado, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Barcelona que presentó su Estrategia contra la feminización de la pobreza y la precariedad en Barcelona (2016-2024). 

Participación de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar 

Desde la Consejería se incidió en los esfuerzos legislativos que Asturias ha venido desarrollando en las últimas décadas, ya la ley de 2005 de Salario Social Básico (Ley 4/2005 de 28 octubre) supuso un hito en la normativa vigente, ya que se trató de una de las iniciativas pioneras en el reconocimiento efectivo de los derechos sociales fundamentales y  que actúa como política de corrección ante las desigualdades, para ello desarrolla el derecho de la persona a los recursos y prestaciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad humana. 

Desde su entrada en vigor y hasta el 2021 con la llegada del Ingreso Mínimo vital (Ley 19/2021 de 20 de diciembre) el Principado ha permitido cubrir anualmente 13.243 hogares asturianos en riesgo de exclusión social. 

En junio de 2021 Asturias continúa ahondando en el desarrollo de herramientas eficaces en la lucha contra la exclusión social combinando tres perspectivas: derechos vitales, inversión social y el enfoque en las capacidades que da como resultado la Ley 3/2021 de 30 junio de Garantía de Derechos y Prestaciones vitales.  

Esta ley profundiza en el reconocimiento objetivo de los derechos sociales y ordena las prestaciones y la coordinación entre los agentes implicados mediante la creación del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones vitales. Este sistema es un conjunto ordenado e integrado de prestaciones y derechos subjetivos que unifica y cohesiona el territorio asturiano.  Busca garantizar la cobertura de las necesidades vitales básicas de las personas con recursos insuficientes facilitar su incorporación social y laboral aplicando medidas concretas a través de los Programas Personalizados de Incorporación Social, los Proyectos de Inclusión Social y el nuevo Plan autonómico de Inclusión Social. 

Si atendemos a los datos sobre feminización de la pobreza en Asturias a fecha 20/05/2024 nos encontramos que un 64 % de las titulares de SSB son mujeres, frente al 36 % de hombres, en términos absolutos hablamos de 6.434 mujeres frente a 3.614 hombres. Por otro lado, los datos de IMV reflejan datos similares: el 66, 68% de las beneficiarias en Asturias son mujeres.  

Por otro lado, si analizamos la tasa de empleo femenina en Asturias para el año 2022 es de 39.86 % frente a un 45,93% del total nacional, se trata de la segunda tasa de actividad femenina más baja del país. 

Los datos referidos a las Pensiones No contributivas (PNC) nos dibujan una foto similar: un 63% de perceptoras mujeres frente al 36 % de los hombres. Si atendemos a las pensiones contributivas, las mujeres asturianas vuelven a ganar protagonismo en aquellas pensiones que suponen menores ingresos: viudedad, pensión a favor de familiares y orfandad. En términos generales la cuantía media de las pensiones percibidas por mujeres es un 57% inferior a la de los hombres. 

Ante esto, el Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones vitales, además de garantizar la cobertura de las necesidades vitales básicas de las personas con recursos insuficientes, se centra en facilitar su incorporación social y laboral aplicando medidas concretas a través de los Programas Personalizados de Incorporación Social, los Proyectos de Inclusión Social y el nuevo Plan autonómico de Inclusión Social. 

Uno de estos proyectos innovadores ha sido Xeitu (Estrategias innovadoras para la inclusión activa) que hace hincapié en la coordinación socio-laboral para favorecer la plena inclusión de los perceptores de Rentas Mínimas. El proyecto ha estado presente en una pequeña parte del territorio: Mieres, Tineo y el Barrio de la Calzada en Gijón. Ha contado con la participación de 488 beneficiarios: 160 hombres frente a 328 mujeres. El Proyecto Xeitu ha evidenciado la desventaja inicial de la que partían las mujeres, uno de los ejemplos es que ni siquiera disponían de un CV actualizado (solo un 63% de mujeres frente a un 83 % de hombres). Gracias a esta iniciativa se ha conseguido reducir la brecha de género y su impacto ha sido más evidente entre las mujeres, aumentando en 11 puntos el porcentaje de ellas que recibieron una oferta laboral en los últimos 6 meses. Podemos afirmar que ha supuesto una mejora entre las mujeres participantes en diferentes ejes como el de activación al empleo, apoyo a los ingresos y acceso a los servicios. 

Por otro lado, como medida correctora ante la desventaja de las mujeres mencionar la reciente iniciativa de Asturias de regular la condición de familia monoparental a través del Decreto 19/2023 de 10 de marzo en el que se están ahora mismo resolviendo las solicitudes. La iniciativa pretende desarrollar medidas específicas de protección para las familias monoparentales y prioritariamente para las más vulnerables. Con ello se concede visibilidad, reconocimiento y apoyo a las familias monoparentales con el objetivo de que puedan beneficiarse de una mayor protección social. 

Los datos recogidos hasta fecha mayo de 2024 dan un resultado de 1136 solicitudes, 422 expedientes resueltos de los cuales en 399 la solicitante es mujer y en los 23 restantes es un hombre. Y como parte de las políticas de lucha contra la pobreza se expuso en la mesa de políticas públicas la reciente iniciativa de Tarjeta monedero para familias vulnerables que se prevé favorezca a cerca de 2.000 hogares asturianos perceptores del Salario Social Básico. 

Por otro lado, se explicitaron las iniciativas desarrolladas en Asturias por el Instituto Asturiano de la Mujer, desde la creación de la red de Casas de Acogida, con la Casa Malva como principal exponente, pasando por los 18 Centros Asesores de la Mujer repartidos por todo el territorio, destacando la existencia desde 2020 del Centro de Crisis para la atención a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. 

Y para finalizar se expuso la Estrategia asturiana para la abolición de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual 2023-2028 como herramienta de transformación social y de reconstrucción de imaginarios que visibilizan un fenómeno que permanece oculto en las estadísticas oficiales y que solo a través de las entidades especializadas en el territorio podemos acercarnos a la realidad de estas mujeres para crear servicios especializados que aborden su situación.  

Conclusiones 

Durante la jornada reflexionamos sobre los motivos que sobrerrepresentan a las mujeres en las estadísticas de pobreza, entendida como falta de libertad para desarrollar las capacidades que impactan en particular en las mujeres. Se constató que la mujer aún presenta mayor carencia de medios materiales y sociales, baja intensidad en el empleo y mayor dedicación a los cuidados no remunerados, por lo que es necesario mantener el esfuerzo iniciado desde las políticas públicas que corrijan esta situación. La situación de vulnerabilidad de estas mujeres supone un reto para las políticas públicas y su abordaje debe incluir medidas adicionales a las ya tradicionales, en la que el enfoque desde una perspectiva de género resulta fundamental, atendiendo a aquellas mujeres en las que desde una perspectiva intersectorial están en situación de mayor desventaja (por edad, discapacidad, etnia, educación y digitalización o salud física o mental). Para ello se hacen necesarias políticas que combinen la prevención, la promoción y sensibilización social, la atención directa, los programas específicos de salud y los servicios de atención especializada como los de violencia de género y los de trata. 

En este sentido Asturias se encuentra en este momento en la fase inicial diagnóstica para la elaboración del que será su II Plan de Inclusión para Asturias, en el que la lucha contra la feminización de la pobreza debe ser uno de los ejes que continúe desarrollando los esfuerzos realizados desde las Administraciones públicas y el tercer sector.