El Gobierno de Asturias garantiza la transparencia y legalidad de todos los contratos de Derechos Sociales

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar pide al Grupo Parlamentario Popular y, en concreto, a su diputada Beatriz Polledo, mesura y rigor en la utilización de calificativos respecto a la contratación que se efectúa en este departamento.
 
La consejería puntualiza que todos los contratos realizados son legales, incluidos los efectuados por Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), y considera una irresponsabilidad afirmar que existe ilegalidad o fraude por el hecho de que puedan prorrogarse  contratos de servicios o suministros mientras se resuelven las nuevas licitaciones destinadas a sustituirlos, como   alimentación, transporte o limpieza, entre otros servicios básicos para los residentes.

La diputada, entiende la consejería, debería ser más cuidadosa y conocedora de que en los trámites de licitación pueden producirse incidencias administrativas y trámites que dilatan los procesos y no han de perjudicar la puntual prestación de servicios a las personas usuarias.

Además, todos los procedimientos de contratación son totalmente públicos y transparentes, se atienen a la normativa vigente y, en consecuencia, pasan por todos los controles de legalidad existentes.
 
Por lo que respecta a los contratos de emergencia, previstos en la ley, no impiden la concurrencia, ya que se trata de una herramienta para afrontar situaciones imprevistas hasta que se procede a la oportuna licitación por la vía ordinaria. La consejería y el ERA los han suscrito, en su momento, precisamente para afrontar situaciones que podrían desembocar en una desatención grave de las personas. No hay que olvidar que el objetivo de la consejería es facilitar el mayor bienestar posible a las personas más vulnerables ya se encuentren en sus casas, residencias, centros de día o dispongan de cualquier otro recurso público.