Derechos Sociales contactará con todos los perceptores del salario social para actualizar sus planes individualizados de inserción

La consejera de Derechos Sociales ha destacado hoy la actividad desplegada por el Gobierno de Asturias para implantar el ingreso mínimo vital en la comunidad. Las distintas medidas impulsadas por el Principado para facilitar la puesta en marcha de esta renta estatal han permitido rebajar casi un 90% la lista de espera del salario social básico.

Así, desde septiembre de 2019 hasta ahora, los titulares del salario social básico han pasado de 22.284 a 14.319 (7.965 menos). Respecto al plazo de tramitación, se ha reducido de 6 a 1,5 meses. Además, las solicitudes a la espera de tramitación han bajado de 1.478 a 187. En cuanto al gasto medio mensual, ha disminuido desde los 9,9 hasta los 6,4 millones.  

“Hemos desarrollado una actividad frenética y transparente, que nos ha llevado a rendir cuentas en el Parlamento y hacer partícipes no sólo a las administraciones públicas implicadas, sino también a entidades sin ánimo de lucro, agentes sociales, colegios profesionales y, por primera vez, a organizaciones privadas ajenas al ámbito de la inclusión social”, ha explicado Melania Álvarez durante su comparecencia a petición propia en la Junta General.

En el plano normativo, esta actividad ha supuesto la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales y la modificación del reglamento del salario social básico.

Desde la vertiente de la gestión, Álvarez ha resaltado la capacidad de adaptación al teletrabajo durante la pandemia, que permitió mantener el ritmo de tramitación habitual pese a las limitaciones existentes. También ha aludido a la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, que conllevó la revisión de más de 6.500 expedientes, y a los esfuerzos negociadores con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social para agilizar el trasvase de beneficiarios hacia la nueva renta mínima estatal y garantizar los efectos retroactivos desde el 1 de junio de 2020.

En el plano de las medidas de inclusión, la consejera ha valorado el alto grado de coordinación alcanzado entre su departamento y el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), así como la articulación de seis convenios de colaboración con empresas y entidades para facilitar la inclusión social y laboral de los perceptores de rentas mínimas. Hasta ahora se han suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la El Gobierno de Asturias contactará con las 14.400 familias perceptoras del salario social básico para actualizar sus planes individualizados de inserción social y laboral. Así lo ha anunciado hoy la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, en el pleno de la Junta General.

“El Principado ha puesto en marcha a lo largo de esta legislatura numerosas iniciativas para promover la inclusión social de las personas beneficiarias de la renta mínima autonómica que suponen un salto cualitativo y cuantitativo en la política contra la exclusión social”, ha valorado la consejera durante su intervención en el Parlamento.

Álvarez ha realizado un balance positivo de los datos obtenidos a través de estas iniciativas, algo inédito hasta ahora. “Contar con datos objetivos nos permite detectar las debilidades y las oportunidades de mejora. Podemos decir con certeza que cerca de 3.000 personas están participando en los itinerarios de inserción”, ha detallado.

La consejera ha valorado la coordinación entre su departamento, el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) y los ayuntamientos, a través de los centros de servicios sociales municipales, puntos clave para lograr que los perceptores del salario social cuenten con un programa personalizado de incorporación social y laboral.

Álvarez ha anunciado, además, la puesta en marcha de un procedimiento para que quienes no hayan atendido la llamada telefónica del Sepepa o rechazaran participar en las medidas ofrecidas puedan ser citadas de forma presencial por los servicios sociales municipales, con el fin de analizar su situación y proponer alternativas.

Las llamadas comenzarán por aquellas personas que hayan accedido al salario social básico en el último año y sucesivos.